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La nueva reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio ha traído sustanciales cambios en lo que se refiere a las responsabilidades penales de los representantes legales de las empresas.

La ley establece que serán “plenamente responsables” en el caso de que se hayan cometido delitos “en su nombre o por cuenta de estas” a los representantes legales de las empresas (administradores,apoderados o consejeros) o quienes actúen individualmente como integrante de un órgano que tome decisiones.

El sistema actual de sanciones puede incluso acabar en la disolución de la compañía.

La nueva Ley trae cambios que deben de tenerse en cuenta por su obligado cumplimiento, como por ejemplo, la obligación a las empresas de crear un sistema de prevención de delitos.

El disponer de un sistema de prevención de delitos implantado en la compañía puede eximirlas de su responsabilidad penal.

La casuística en la que puede incurrir una empresa a la hora de ser imputada es amplia y aunque no todos se aplican a la persona jurídica, podemos destacar entre ellos, la revelación de secretos, las estafas y los fraudes, las insolvencias punibles, los datos informáticos, los relativos al mercado y a los consumidores, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública o daños al medio ambiente.

Igualmente, las empresas tendrán responsabilidad penal cuando construyan o edifiquen de forma ilegal, cuando falseen los medios de pago, el tráfico de influencias o cuando atenten contra los derechos de trabajadores.

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La reforma del Código Penal plantea dos vías para la imputación. Una se refiere al administrador “de hecho o de derecho”. Es decir, que puede suceder que en una empresa quien tome las decisiones no tenga ningún cargo orgánico. En este caso, también la empresa puede ser imputada, toda vez que a quien se persigue es a quien tenga capacidad de organización. La responsabilidad penal de la persona jurídica, sugiere la ley, no excluye la responsabilidad de la persona física.

La otra vía se refiere a los empleados, que pueden ser imputados por culpa ‘in vigilando’. La ley culpa a quienes hayan podido realizar los hechos por haber incumplido gravemente el deber de controlar la actividad de la empresa. La ley, incluso, permite declarar responsable a la persona jurídica “se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física”.

Es decir, que aun cuando en un procedimiento penal la justicia no sea capaz de identificar el responsable del delito, la empresa pagará por ello, lo que revela la dureza con la que el legislador ha dictado la norma.